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Los CIE son centros de carácter público gestionados por el Ministerio del Interior a través del Cuerpo Nacional de Policía. Pese a, sobre papel, no ser considerados centros penitenciarios, la realidad es que son cárceles para personas migrantes. Estructuras de encierro de carácter racista y ejemplizante donde se vulneran constantemente la integridad física y emocional de las personas que los sufren.
En las fronteras hay un desembolso tremendo de recusos económicos públicos, se prueban tecnologías para detectar y expulsar cada vez más eficientemente a las personas que las atraviesan y, en los últimos años, la UE se ha enfocado en la externalización de éstas. Además, la situación concreta geográfica de las fronteras en el estado español (Ceuta, Melilla y Islas Canarias) da paso a unos mecanismos que nos parece interesante -si no necesario- analizar debido a su brutalidad, así como al secretismo y la lejanía que sentimos quienes no las sufrimos directamente.
DEFINICIÓN DE CIE Y RELACIÓN CON EL SISTEMA PENITENCIARIO
Los CIE (siglas que comúnmente se utilizan para nombrar a los Centros de Internamiento de Extranjeros), son centros públicos de carácter no penitenciario, donde se retiene a personas extranjeras sometidas a expediente de expulsión del territorio nacional -aunque, como veremos más adelante, el groso de las deportaciones no se producen desde ahí-. Es decir, son cárceles para personas migrantes, lugares donde el estado encierra a personas que se encuentran en situación administrativa irregular en un territorio, hecho que la ley cataloga como una infracción administrativa. Es importante mencionar que la propia Constitución española impide que la Administración Pública prive a una persona de libertad por la comisión de una infracción de este tipo. Solamente cabe la posibilidad legalmente de privar de libertad en el ámbito penal, es decir, por los delitos que se recogen en el Código Penal y no por las leyes administrativas, como es el caso de los CIE.
Los CIE son espacios de privación de libertad en los que convergen el hacinamiento, las condiciones infrahumanas de estancia -como por ejemplo, la falta de lavabos en las celdas o del acceso al retrete durante la noche- y demás prácticas rutinarias de humillación y maltrato. Lo que para una persona con nacionalidad española podría ser una mera multa de tráfico, en estos casos podría suponer el encierro hasta un máximo de 60 días con la incertidumbre de no saber si volverán a su hogar o serán expulsados a un país en el que quizás no tengan ningún arraigo.
La Ley de Extranjería establece que el ingreso en CIE debe ser un recurso no penitenciario, de carácter excepcional, concebido como medida para facilitar la repatriación. Sin embargo, casos acompañados por el Servicio Jesuita Migrante (SJM) muestran que esta excepcionalidad no se respeta y que, en demasiadas ocasiones, se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo, sin valorar las circunstancias personales ni contemplar alternativas ya previstas en la legislación.
Por otra parte, no todas las personas en situación administrativa irregular pasan por un CIE. El azar del internamiento puede afectar a unas u otras personas en función de factores como la existencia de convenios de repatriación, el ser identificados en la vía pública o que se busquen personas para completar los vuelos de deportación programados. Esta arbitrariedad convierte el internamiento en una práctica difícil de justificar en términos de proporcionalidad y justicia.
Los CIE son espacios de impunidad. Las personas allí encerradas encuentran grandes dificultades para acceder a abogades que puedan defenderlas o asesorarlas. Además, no se les somete a un proceso judicial ordinario ni existen juzgados especializados, como ocurre en el ámbito del Código Penal, lo que dificulta aún más la asistencia legal y el acceso a apoyo externo.
Por otro lado, incluso en los casos en que se logra iniciar un procedimiento legal —ya sea para evitar una expulsión o para denunciar situaciones de maltrato o tortura dentro del CIE o en sus procesos—, este suele archivarse en el momento en que la persona es expulsada, lo que contribuye a que estos hechos queden sin consecuencias de ningún tipo.
La realidad es que son cárceles racistas disfrazadas, tanto legal como físicamente. No hay libertad de movimiento, incluso dentro de las instalaciones las personas están en celdas. Las rutinas horarias son prácticamente idénticas a la de los talegos: luces que se encienden temprano, hasta una hora concreta no te permiten ir al comedor, a determinada hora a la tarde te encierran en tu celda, y hasta el día siguiente. Las personas que llegan a estos centros lo hacen mayormente por redadas o controles racistas realizados en las calles por la policía, en los que se identifica a las personas selectivamente por sus rasgos físicos.
En estos centros hay torturas tanto físicas como psicológicas, vejaciones etc., por parte de la Policía Nacional y escondidas por el Ministerio del Interior. Cárceles con celdas, barrotes, con colchonetas para dormir, sin baños… ya que se les supone de paso. Cárceles en las que no está asegurada una buena alimentación, ni unas condiciones básicas de higiene y mucho menos de salud, ya que Cruz Roja y el resto de las empresas mantienen el contrato con cláusulas de silencio con el Ministerio del Interior, que la policía aprovecha.
Actualmente, en el estado español, existen siete CIE oficiales y otras instalaciones no reconocidas que cumplen las mismas funciones: detener durante un máximo de 60 días a personas extranjeras que están sometidas a expedientes de expulsión, retorno o devolución. El SJM de 2024 dice que en 2024 estuvieron activos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid (tras la reapertura de Aluche a finales de 2023). El de Tenerife permaneció inactivo por tercer año consecutivo. El nuevo “macro” CIE de Algeciras-Botafuegos se encuentra en fase de construcción. Fueron internadas 1.863 personas, cifra inferior a las 2.085 de 2023. Entre ellas se registró un incremento de mujeres, 85 frente a las 64 internadas en 2023.
En relación con las repatriaciones forzosas desde los CIE, un total de 1.037 personas fueron expulsadas, lo que representa el 55,61% de las personas encerradas. De ellas, 977 lo fueron en virtud de una orden de expulsión y 60 mediante devolución por prohibición de entrada. En el conjunto del año 2024, se registraron 3.286 repatriaciones forzosas. De estas, 2.923 (88,95%) correspondieron a expulsiones, mientras que 363 (11,05%) fueron devoluciones o salidas obligatorias.
Del total de repatriaciones forzosas, un 31,56% se ejecutaron desde CIE. El resto se llevaron a cabo desde otros espacios, como comisarías, CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) o aeropuertos, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar el monitoreo y la garantía de derechos en estos entornos.
Siempre es preciso preguntarse por ese resto de repatriaciones forzosas ejecutadas desde instancias de detención policial de hasta 72 horas que no precisan de autorización judicial, al no haber privación de libertad más allá del plazo legal. Estos casos apenas cuentan con margen temporal para la defensa letrada y con una menor capacidad por parte de entidades sociales y sociedad civil para acompañar situaciones de vulnerabilidad o monitorizar procedimientos. En este campo hay mucho por conocer y acompañar en lo referente a aeropuertos, puertos, CATE o comisarías. Una muestra de esas otras realidades que van más allá de los CIE sería la crisis vivida en el Aeropuerto de Barajas, en los primeros meses de 2024, con cientos de personas hacinadas durante semanas en las salas de inadmitidos.
Estos lugares son la materialización del racismo de estado y la fuerte represión migratoria que se lleva a cabo en los países europeos y coloniales, migrar es un derecho reconocido. Es por esto que, a ojos de la ley, no se nombran como cárceles; sin embargo, cualquier persona que haya estado dentro puede afirmar que son prisiones encubiertas. Una vez entras, pasas a ser un número, estás en situación de privación de libertad. Estas prisiones encubiertas, que al igual que otras instituciones como psiquiátricos, centros de menores, etc., tienen mucho que ver con las cárceles nombradas como tal. Desde todos estos lugares se reproduce la misma lógica de criminalización y deshumanización, que genera unos sujetos “otros” frente a los que hay que protegerse para salvaguardar la seguridad.
Por eso, es muy importante darnos cuenta que al abordar una de estas problemáticas (CIEs, cárcel,…) también atacamos todo un entramado mucho más profundo y, sobre todo, porque sabemos que para que estos lugares verdaderamente dejen de poder existir, debemos hacer un análisis mucho más complejo de la sociedad que permite y legitima la existencia de todas estas instituciones de encierro y castigo.
CREACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CIE
Los primeros CIE del estado español se crearon en 1985, junto a la primera Ley de Extranjería, la ley Orgánica 7/1985, de derechos y libertades de los extranjeros en España, con Felipe González (PSOE) como presidente del Gobierno. Este mismo año, España firmará el Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas (CCEE), para en 1986 pasar a formar parte de la CCEE entrando así también en el acuerdo de Schengen que une las fronteras de todos los países firmantes creando una frontera común, y que cada país gestionará siempre con las órdenes oportunas de la Comisión Europea. Esto supondrá la creación de fronteras (vallas con alambradas, altos muros vídeo vigilados las 24horas, los CIE, …) para tener un control de las personas y personal de seguridad específicos para su control.
Así, entre 1985 y 1990 entran en funcionamiento pequeños CIE en diferentes ciudades del estado, ubicados en la mayoría de los casos en ampliaciones de comisarías o antiguos cuarteles. A partir de 1995 España se desarrolla económicamente debido a la construcción y el turismo. Con esto pasa a ser un país receptor de flujo migratorio, pasando la población migrante de un 1,37% en 1996 a ser un 11,3% en 2008 del total de la población censada, y, a la vez que aumenta la población migrante, aumentan los CIE (construidos deprisa y mal acondicionados) y los controles racistas, creando, junto a Ley de Extranjería, una fuerte presión en la mayoría de estas personas al verse obligadas a aceptar contratos laborales (a veces ni contrato) con pésimas condiciones y sueldos míseros, para intentar permanecer en el país y no ser expulsadas.
En 1999 y en el 2000 se crearán los CETI (Centros Estancia Temporal para Inmigrantes) en Melilla y Ceuta respectivamente. En estos centros la gente queda retenida sin poder pasar al resto del estado de manera indefinida, desde meses a años; les quitarán los papeles y vagarán por la ciudad en la que se encuentran los centros ya que además tampoco podrán conseguir un trabajo de manera regular, hasta que les echen o les den permiso para viajar a España.
No es hasta el año 2000 que habrá una ley creada para abordar esto que llevaba sucediendo unos cuantos años atrás, la ley de Extranjería: sobre Derechos y Libertades de las Extranjeras en España y su integración social. A partir de este momento, todo se hará con el amparo de la ley y todo lo que ello conlleva, las redadas, detenciones, expulsiones.
Desde 1985 que se puso en funcionamiento el primer CIE en España, no ha tenido una regulación específica hasta 2014, momento en el que comenzaron a conocerse los numerosos casos de malos tratos, vejaciones, agresiones e incluso muertes dentro de estas prisiones.
El reglamento de los Centros de Internamiento quiere regular y dar legitimidad a un funcionamiento que ya se estaba realizando y que da todo el poder, de manera más o menos encubierta, al personal del Centro, que forma parte del Cuerpo Nacional de Policía. De esta forma, las competencias de dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros corresponden al Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía. Los ingresos y salidas de los centros dependen de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que tiene una competencia superior en este tema pero a la práctica, los centros se hallan bajo la dependencia orgánica y funcional de la plantilla policial de la Comunidad en la que estén ubicados.
Es competencia del Ministerio del Interior la prestación de servicios de asistencia sanitaria y sociales en los centros, que los puede concertar a entidades públicas o privadas. Puede delegar (y lo hace) por tanto la salud de las personas internas al mejor postor y que volvamos a leer casos como el de Samba en el CIE de Aluche. Son pocas las asociaciones a las que se las permita entrar, y, la decisión de la entrada o no y de lo que haga dentro, depende de la dirección del centro.
EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS
El territorio del estado español es un lugar geográficamente relevante. Es necesario remarcar que aquí se produce muchísima violencia en términos migratorios. Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la UE con África, mientras que las Islas Canarias representan el principal punto de la ruta atlántica hacia Europa, además de toda la costa mediterránea. Esto quiere decir que tenemos una gran responsabilidad en términos de hacernos cargo de esta situación y plantearlo como lugares muy importantes de organización y respuesta política.
FRONTERA ESPAÑOLA
Se ha intentado estandarizar la vigilancia, detección y gestión de la migración, por ejemplo, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Sin embargo, su aplicación es diferente en la península, Ceuta y Melilla o las Islas Canarias, lo que pone de manifiesto las disparidades en la digitalización de las fronteras. Las particularidades geográficas y demográficas de esta frontera brindan una oportunidad única para analizar la aplicación de estrategias controvertidas, como la externalización de fronteras, que están llevando a cabo España, la UE y Marruecos para disuadir la migración, y que en varios casos evidencian violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Esta externalización de fronteras y el uso de tecnología para detectar y expulsar a los migrantes de manera “eficiente”, a un ritmo sin precedentes, se lleva implementando desde la UE en esta última década. El gobierno español ha estado también invirtiendo de forma sistemática en tecnologías de vigilancia fronteriza. La implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto digitales como analógicas, avanza lentamente. Por ejemplo, se han instalado nuevos sistemas antiescalada en los muros de Ceuta y Melilla, y se han mejorado cámaras térmicas, drones con IA, iluminadores láser y herramientas biométricas para el reconocimiento facial y de huellas dactilares. La infraestructura sociotécnica de la frontera plantea graves preocupaciones en materia de derechos humanos. La restricción del derecho de asilo, la criminalización de la migración, la violencia institucional y la discriminación racial.
La utilización de elementos como vallas y zanjas en el lado marroquí, junto con cilindros anti-escalada en el lado español, ha demostrado ser peligrosa, si no mortal, para quienes intentan cruzar esta frontera. A esto se le suma la implementación de tecnologías digitales en la frontera sur, que están orientadas a agilizar los procesos burocráticos de reubicación y posibles devoluciones en caliente, siguiendo el modelo de otros países europeos. Estas tecnologías se presentan como una forma de lucrarse de la infraestructura fronteriza. Es fundamental analizar el uso de estas desde una perspectiva crítica que permita desmitificar el concepto de “fronteras inteligentes”. Como se menciona en el informe de Algorace, el sistema es eficaz, pero también fácil de sabotear. A su vez, aunque se esté digitalizando la estrategia, a día de hoy la gran mayoría de métodos utilizados son analógicos y los recursos muchas veces escasos.
Las condiciones a las que se enfrentan las personas en los CATE y CETI, junto con su internamiento en los CIE, representan uno de los aspectos más controvertidos de la política migratoria en el Estado español debido a la continua violación de sus derechos fundamentales.
La financiación para la nueva infraestructura fronteriza proviene principalmente de fuentes europeas y seguirá así en el futuro. El presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 destina recursos a la cooperación policial, lo que permitirá la adquisición tanto de herramientas ya operativas en la frontera como de nuevas tecnologías que se implementarán pronto. Es importante destacar el papel esencial que juegan las empresas privadas y sus tecnologías en la externalización fronteriza. Estas compañías no solo colaboran con ONGs en iniciativas de ayuda humanitaria, sino que también participan activamente en la instalación de sistemas de vigilancia.
Cabe darle especial importancia al hecho de que España gasta muchísimo dinero público en tecnología de fronteras. Muchos de los contratos públicos se hacen bajo la Ley de Secretos Oficiales (Ley del año 69, con Franco aún en el poder), es decir, que son datos no públicos por ser confidenciales.
Marruecos es un actor clave en este entramado fronterizo. Las autoridades marroquíes desempeñan un papel estratégico en el control de la frontera. Este estado sigue siendo un punto de tránsito crucial para numerosas personas de diversos estados africanos y es un elemento central en la estrategia de externalización migratoria de la UE. Las personas devueltas a Marruecos desde el estado español bajo el Acuerdo de Control de Fronteras Exteriores y Migración son sometidas a un trato extremadamente violento. En muchos casos, son trasladados en autobús a diferentes ciudades del sur de Marruecos o a la frontera con Argelia, sin recibir asistencia médica y, en algunos casos, son internados en centros de detención informales. Estas prácticas de desplazamiento forzado, junto con las redadas policiales en asentamientos de migrantes, continúan con la complicidad de la UE y el Estado español. La “extraterritorialización” de las fronteras es una parte intrínseca de la política migratoria de la UE.
El 8 de mayo de 2025, el Gobierno de España, adjudica obras para abrir dos centros de detención de migrantes en Mauritania, en Nouadhibou y en Nouakchott. Estos centros están funcionando a día de hoy, con niñes dentro, privándoles de comida y de acceso al servicio, malos tratos, torturas,… abandonándoles en medio del desierto a los tres días.
Esto son cárceles para migrantes amparadas por España y Europa. La frontera española ya no está sólo en Ceuta, Melilla o Canarias, sino también en Mauritania y Senegal.
FRONTEX
En materia de política migratoria es necesario denunciar el papel de FRONTEX, que es profundamente analizado en los informes que recomendamos leer, Custodiar la fortaleza. El papel de FRONTEX en la militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea y ¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex.
La función que se le atribuye institucionalmente es la de controlar los crímenes relacionados con los espacios fronterizos, como el contrabando o el tráfico de drogas, esto también incluye interceptar a las personas refugiadas y migradas para que no lleguen a territorio de los Estados miembro, de manera que ningún Estado tenga que gestionar el registro, la posible petición de asilo o el retorno de la persona. Este tipo de actuaciones se realizan bajo el nombre de “operaciones contra el tráfico de personas” o lucha contra “la migración irregular”. Frontex se constituye así como el órgano de la Unión Europea encargado de custodiar la Europa Fortaleza, y cuyas prácticas vendrán a consolidar la criminalización de los movimientos migratorios y su securitización.
En la práctica, Frontex es el encargado de realizar las primeras entrevistas a los rescatados, incluso antes de que entren en contacto con ONG o servicios sanitarios. En el primer informe se señala que, tras el rescate o la llegada, Frontex participa en la realización de entrevistas iniciales a las personas migrantes con el supuesto objetivo de recopilar información sobre las rutas migratorias, las redes de tráfico y los contextos de salida. De esta forma se alimentan los procesos de identificación y registro en coordinación con las autoridades nacionales y, en algunos casos, para obtener información en procedimientos posteriores, incluidos los de retorno. Estas entrevistas se realizan en contextos de especial vulnerabilidad y con garantías limitadas, lo que plantea serios problemas sobre el uso de la información recabada y el respeto a los derechos de las personas entrevistadas.
A nivel europeo, EUROPOL es el principal receptor de los datos recopilados. La información obtenida de estas entrevistas se distribuye a través de EUROSUR, una plataforma comunitaria accesible para todos los estados miembros. Esta red de información contiene datos no personales sobre los procesos migratorios y se centra especialmente en las redes de personas y ‘mafias’ implicadas en la organización de las salidas de pateras y en la travesía por la ruta atlántica. En lo que respecta a la frontera sur, la cooperación entre las autoridades españolas y Frontex ha sido inestable, debido principalmente a las discrepancias generadas por la falta de transparencia de la agencia a la hora de recabar información sobre las personas migrantes. Estos desacuerdos han desembocado en varios intentos infructuosos de retirar a la agencia de las islas. En 2024, se anunció que Frontex se retiraría de las islas debido a discrepancias con el Ministerio del Interior respecto al manejo de la información de inteligencia. No obstante, se alcanzó un acuerdo y esta sigue operando con normalidad.
El segundo informe (¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex) evidencia que Frontex presenta un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos y falta de rendición de cuentas, destacando su implicación en prácticas como devoluciones en caliente y expulsiones colectivas, prohibidas por el derecho internacional, así como su participación en dinámicas de violencia en las fronteras. Asimismo, critica la opacidad y debilidad de los mecanismos de control interno, que favorecen la impunidad ante posibles abusos, y denuncia la desproporción entre el creciente presupuesto y recursos destinados al control y los escasos medios dedicados a garantizar los derechos fundamentales. En conjunto, concluye que la agencia contribuye a un modelo de militarización y securitización de las fronteras, que prioriza el control migratorio sobre la protección de las personas, generando situaciones de riesgo, vulnerabilidad y desprotección para quienes migran.
REGLAMENTO DE RETORNO Y ACTUALIDAD DE POLÍTICAS MIGRATORIAS EUROPEAS
A principios de marzo de este año, la Unión Europea, con el Reglamento de Retorno, está impulsando un modelo migratorio que permite la persecución de las personas en movimiento, incluidas niñas y niños, en todo el territorio comunitario. Las somete a un régimen de vigilancia, avala su detención durante dos años, permite la separación de familias y pretende gestionar los flujos migratorios usando como principales herramientas la deportación, la suspensión de derechos humanos (apelando a situaciones de “emergencia migratoria” o “riesgo para la seguridad nacional”), o el endurecimiento de medidas punitivas para quienes no colaboren con su propia deportación. Esta propuesta legalizaría “las redadas en edificios, la vigilancia en los servicios públicos, y el perfilamiento racial”.
El documento sella la elección de las deportaciones como principal respuesta ante aquellas personas que se encuentran en situación de irregularidad y no sean consideradas merecedoras de protección internacional, y amplía de 18 a 24 meses el tiempo que podrán estar detenidas, con la posibilidad de imponer medidas restrictivas una vez superado ese límite, mediante el uso de monitoreo electrónico y la obligación de presentar informes. Medidas de libertad vigilada que también afectarán a los menores.
También consolida el principio de “emergencia” como coartada para que los estados miembros puedan sortear las medidas de protección de los derechos humanos vigentes: en caso de que consideren que hay una situación de excepcionalidad numérica en las llegadas, los estados podrán limitar a las personas migrantes el derecho a revisar judicialmente sus procesos, también cuando se trate de familias e infancias. Esto supone una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de las personas migrantes considerándolas un riesgo para la seguridad nacional.
Todas estas cuestiones son muy importantes ya que en los últimos tiempos, los discursos racistas, la derecha y extrema derecha cogen terreno. Junto a la nueva ley europea -que está entrando en vigor mientras publicamos esto- consideramos que es de suma importancia prestar mucha atención a cómo se desarrolla esta situación, así como organizarnos colectivamente para hacerle frente.
DEPORTACIONES
Para realizar este apartado nos hemos basado en el libro Paremos los vuelos. Las deportaciones de migrantes y el boicot a Air Europa (Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, 2014), un trabajo de investigación y análisis que realizaron varies compañeres con el fin de visibilizar y denunciar el complejo y perverso entramado que hay detrás de las deportaciones. Si bien es cierto que han pasado más de diez años desde que se escribió, el modus operandi de la maquinaria racista de deportación descrito en el libro se mantiene más bien intacto. Es por ello que lo usaremos como referencia principal para escribir este apartado, usando sin embargo datos y estadísticas actuales. Pese a todo, os invitamos a leer el documento original, ya que ofrece una mirada muy clara y crítica -además de mucho más amplia y completa de lo que desarrollaremos aquí- al realmente complejo sistema racista y clasista que se esconde detrás de la lógica de las deportaciones.
Podemos nombrar las deportaciones como la punta del iceberg de la violencia institucional que ejercen los estados (a parte, claro está, de los asesinatos en zonas fronterizas, CIEs, calabozos, etc, por acción o/y omisión de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado) hacia las personas migrantes.
Como explican en el libro, su mera existencia se convierte en una amenaza constante para todas las personas en situación irregular y para muchas más que puedan caer en la irregularidad sobrevenida, bien por no tener un contrato que les permita ascender por la cadena de renovaciones, bien por tener algún antecedente penal que se convierta en justificación de su permiso de residencia
Es una práctica atroz de control y de claro carácter ejemplarizante hacia las poblaciones migrantes, a través del miedo y la vulnerabilidad.
LA PLANIFICACIÓN DE LOS VUELOS
Los vuelos de deportación son un mecanismo represivo tremendamente sofisticado debido a la cantidad de personas, entes y recursos que se movilizan para su realización. Como explican les compañeres de la Campaña por el cierre de los CIEs, estos vuelos son planificados por FRONTEX -en caso de que comprometan a varios países de la UE en las expulsiones- o directamente por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Para fletar un avión de deportación hay que acordar con el país o países de destino la llegada del vuelo, informar y obtener permisos para circular por el espacio aéreo de los países por los que transita el avión, avisar a la compañía aérea de que va a fletar el avión con ocho días de antelación en caso de vuelos internacionales -señalando ya una cifra de personas deportadas, aunque sea revisable- y con 48 horas en caso de vuelos dentro del Estado Español; organizar la amplia escolta policial, que en ocasiones sobrepasa sobradamente el centenar de uniformados; planificar traslados desde CIEs, calabozos y cárceles a la ciudad de origen del vuelo (normalmente Madrid) en el día señalado -o en los días previos si se interna a las personas a deportar en Aluche-, acordar con los consulados correspondientes que visiten el CIE para firmar salvoconductos para las personas que no estén documentadas (que no tengan pasaporte) y, lo más importante, garantizar que exista una carga humana deportable que llene las plazas del avión.
Para que esto último suceda, la práctica más común son las redadas racistas. Cada año, se hacen cientos de miles de identificaciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana. En ocasiones estas identificaciones dan lugar a un traslado en comisaría, y esto va acompañado en numerosas veces de la incoación de un expediente de expulsión o de una multa. Esto supone que las personas sancionadas pasan a formar parte de un registro estadístico que recoge entonces que estas sujetos tienen un «antecedente policial», siendo este, junto a los antecedentes judiciales, uno de los motivos que impulsan la propuesta de expulsión.
Dichas redadas se intensifican en función del calendario de los vuelos: en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen los vuelos de deportación se especifica que «la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en este período de tiempo, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas […] sin perjuicio de la anterior previsión, para cada uno de los vuelos que sea necesario realizar, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras cursará una orden de ejecución de vuelos al responsable operativo del contrato designado por la empresa adjudicataria. Esta orden deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas para vuelos nacionales y de ocho días naturales para los vuelos internacionales, a la fecha en la que deba realizarse el vuelo».
Es decir, el Ministerio de interior determina los detalles del vuelo (destino de este y número de personas que deportará) y ordena a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que cuantifique cuántas personas con dicho perfil pueden ser deportados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo, dicha Comisaría General da la orden al resto de comisarías del Estado a detener, ya no a un grupo de inmigrantes “en general”, sino a aquellas que puedan ser de la nacionalidad del destino del vuelo programado.
Cuando se acerca la fecha de la deportación, los dispositivos policiales racistas se intensifican para cumplir con la orden emitida por el Ministerio de Interior: las brigadas policiales de información pueden hacer inventario de lugares de reunión y tipos de nacionalidades en determinados espacios públicos, se hacen visitas a domicilios de quienes cumplen los requisitos para ser deportadas, se generan llamadas desde la Brigada de Extranjería con motivos falsos para que ciertas personas se presenten en comisaría o en las oficinas de Extranjería… Y si todo esto no es suficiente, las redadas pueden desplazarse desde las estaciones de trenes y autobuses a, directamente, la puerta de las asociaciones de los recursos sociales, como es el caso de Oviedo, donde se han realizado redadas junto a las Oficinas del Padrón Municipal. En Valencia, los controles y detenciones se producen en la Comisaría de Zapadores, cuando personas en situación irregular acuden a la entrevista policial previa a los matrimonios, en la puerta de Cáritas, en Valencia Acull, en las inmediaciones del Centro Cultural Islámico…
Los datos de Eurostat indican que en el año 2025, 41.315 personas fueron deportadas desde el estado español y, según les compañeres de la campaña de Stopdeportaciones, se fletaron 134 vuelos de deportación, exclusivamente dedicados a estas expulsiones colectivas.
EL NEGOCIO DE LOS VUELOS
Para que se lleven a cabo dichos vuelos hace falta la participación de al menos dos actores imprescindibles, que son los que accionan la compleja y sofisticada maquinaria de la deportación: el primero es, como ya hemos dicho, los gobiernos de los países de origen de las personas expulsadas -y sus embajadas y consulados en el territorio en cuestión-. El segundo son las aerolíneas.
Como explican en el blog de Stopdeportacion, en el caso del Estado Español, “durante años estas deportaciones se llevaron a cabo a través de diversas compañías aéreas. Desde el año 2013 hasta el 2016, el Ministerio del Interior firmó contratos monopolísticos con dos compañías, Swift Air y Air Europa, por los que éstas recibieron, hasta 2016, unos 36 millones de euros por el sucio negocio de las deportaciones.
El pasado 17 de noviembre de 2017 el Ministerio de Interior firmó un contrato por valor de 11,8 millones de euros con la unión temporal de empresas (UTE) formada por dos aerolíneas propiedad de Viajes Barceló (Evelop Airlines y Orbest) juntamente con Air Nostrum (franquicia de Iberia).
En 2024, Iberojet (aerolínea de Ávoris/Barceló Viajes) y Air Nostrum renovaron su contrato para operar los vuelos macro de deportación fletados por el Ministerio de Interior hasta marzo de 2026, con un contrato de 14.8 millones de euros, (incrementable a 16,3M). Air Nostrum deporta regularmente a Marruecos y conecta deportaciones via Francia, Austria o Alemania a Nigeria, Ghana, Albania y otros destinos africanos y asiáticos. Por otra parte, Iberojet deporta regularmente a países de América del sur (Colombia, República Dominicana, Perú…), Albania y Georgia. Dispone de contratos adicionales con Alemania y Reino Unido, siendo una de las aerolíneas que más deporta desde ese país. El presupuesto inicial solicitado por la UTE Barceló Viajes y Air Nostrum (sin costes añadidos, como el del personal de la Policía Nacional u otras organizaciones que participan) fue de entre 7030€/h a 17160€/h dependiendo de la capacidad en plazas de los aviones.
AQUÍ EN VALENCIA: SOBRE ZAPADORES
Se terminó de construir en 2006, está ubicado dentro del perímetro de un complejo policial que alberga diferentes instalaciones. En 2014 hubo una supuesta reforma de todas las instalaciones debido a una plaga de chinches, aun así todo el recinto sigue necesitando una reforma. En octubre de 2016 se cerró temporalmente de nuevo por otra plaga de chinches y garrapatas. En marzo de 2017 el centro vuelve a abrir sus puertas.
La única luz natural de la que disponen las celdas es la que ofrecen algunas pequeñas ventanas, enrejadas, situadas en lo alto de la pared, que aportan algo de luz y ventilación a la sala. Les internes denuncian también la falta de agua caliente en las duchas. Algunos tratamientos farmacológicos se dispensan tan sólo en presencia de personal sanitario,
por lo que no se ingieren en horarios adecuados y se acumulan varias pastillas; no existe atención psiquiátrica ni psicológica; el tratamiento a personas con drogodependencias, y a las afectadas por el VIH, o a personas que quieren cambiar de sexo, se paraliza cuando entran en el CIE; además, no se facilita ningún tratamiento a las personas con tuberculosis, ni existe acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Las visitas a las personas internas se realizan a través de unas mamparas con un pequeño hueco por el que hablar, lo que dificulta bastante la comunicación. Una práctica reiterada por la policía que vigila el CIE, consiste en expulsar a las internas que han puesto denuncia por malos tratos de la policía, siendo éstas admitidas a trámite y luego archivadas. (sacado de fanzine de la libertad de migrar- 2017).
BLOQUEAR LA MÁQUINA DE EXPULSIÓN ES POSIBLE
Sobre los sucedido en el aeropuerto de Malpensa (Milán) terminal 1, pista de despegue el 20 de marzo de 2024.
El 20 de marzo deportaron a Jamal, compañero y amigo marroquí emigrado en el territorio italiano. La información de su repatriación forzosa llega desde dentro de los muros de castigo, un dentro que todavía no pierde la esperanza y confía, quizás cada vez más, con la solidaridad que supone comunicarse con quien está fuera de estos muros. Algunas de las personas con las que Jamal estaba encerrado en el CPR -los CIES en España- de Gradisca d’Isonzo (Trieste, Italia) se pusieron en contacto a través de un teléfono móvil con algunes compañeres de Jamal en Turín, les informaron que habían sedado a Jamal con psicofármacos para poder meterlo en un avión contra su voluntad y deportarlo a Casablanca, Marruecos. Les compas tenían una dirección y un posible horario como información de esta deportación y no podían no intentarlo. Esto que viene a continuación es el escrito de elles del 20 de marzo 2024. “No podíamos hacer más que tentar esta suerte y descubrir así que es posible hacerlo. Vista desde fuera la máquina de expulsión del estado debería parecer una fortaleza inatacable fundamentada en el racismo, construida con los ladrillos de la injusticia social y asentada con el cemento del silencio de todos los que aceptan lo inaceptable. A veces basta poco para tirar abajo estos muros deshumanizantes que silencian la violencia y avalan lo inaceptable. A veces basta con lanzar el corazón más allá de una puerta de emergencia para encontrarse corriendo a los pies de un avión, a veces basta mirar a los ojos a quien lo pilota y recordarle que está deportando a una persona forzosamente, que está siendo partícipe de una maquinaria racista que funciona gracias a una obediencia ciega y la mera indiferencia.
Mientras unos no se privaron de cumplir como siervos el papel de colaboradores con la violencia racista consintiendo la detención de Jamal y de tantas otras personas migrantes, ayer un piloto lo hizo. Que en este avión -a diferencia de lo que creíamos- la persona que iba a ser deportada no fuese nuestro compañero Jamal poco importa. Lo que vale la pena es tener en cuenta que la máquina de expulsión del estado puede ser boicoteada, que la creatividad que nace del impulso de la lucha, de la rabia y del amor puede romper el muro de indiferencia y mostrar las brutales contradicciones en una pista de despegue. Tan reales que no se pueda hacer más que tomar acción.
La única cosa que podemos decir es que lo que ha sucedido en Turín y en Malpensa es potencialmente replicable y reproducible. La lucha contra la máquina de expulsión y ladetención administrativa es posible y real en sus objetivos y perspectivas. Sabemos que a la represión se responde con la lucha, como nos enseña la resistencia palestina todos los días. No serán ni los golpes de hoy, ni la deportación ni la cárcel los motivos que puedan parar esta lucha y el amor que nos une a esta.” El objetivo de compartir estas experiencias en otras latitudes es solidarizar en las luchas contra las fronteras e inspirar los posibles bloqueos y evasiones que partan de una reflexión sobre las políticas migratorias que se están tomando en una Europa cada vez más racista y clasista. Estamos ante el suicidio moral de occidente, la indiferencia de esta parte “civilizada” del mundo con respecto al genocio en Palestina
esta provocando una incredulidad en cuanto a lo que a derechos humanos respecta, y con los que a Europa se le llena la boca.
No contentos con esto, las nuevas medidas en las políticas fronterizas de la unión europea se radicalizan siempre más, imposibilitando la inmigración para mantener su posición como norte explotador que siga expropiando las tierras y las vidas que considera desechables. En abril de este 2024 se aprobaran las nuevas políticas migratorias de la unión europea con unas medidas que asustan cada vez más y a las que deberíamos reaccionar de la misma forma violenta que lo hacen ellas.
A Jamal, ahora en Marruecos,
deportado por el estado italiano. A su libertad.
A Josto, Ele, Miri y Peppe,
hoy ya fuera de las cárceles italianas, pero acusades
de resistencia e irrupción de los servicios públicos
por haber corrido al lado de aquel avión.
Que de los CIE queden solo ruinas.
Fuego a las prisiones.
Libertad para todes
OUSSAMA MOUMEN
Mientras escribimos las líneas de este boletín hemos recibido la noticia del intento de deportación de Oussama, un joven marroquí que lleva en territorio español desde 2023. Empadronado en Vinaròs, provincia de Castellón, la Consellería de Servicios Sociales aprobó el 13/02/26 su participación en el programa Mentora para recibir clases de castellano y regularizar su situación administrativa.
Además, otras instituciones sociales como la Oficina Mentora de la Generalitat, gestionada en Vinaròs por la Fundación Amigo o los propios Servicios Sociales reconocen que el joven ha demostrado “buen comportamiento cívico y responsabilidad social”. Valores que consideramos en esencia clasistas y racistas, pero que a ojos de la socialdemocracia tienen un gran valor en tanto en cuanto crean estereotipos de buen y mal ciudadano.
Pese a tener el “visto bueno” de dichas entidades públicas, haber presentado su solicitud de arraigo y tener la documentación preparada para empezar su proceso de regularización, hace unos días Oussama fue encerrado durante diez noches en el CIE, después de una identificación por perfil racial en Castellón. Trasladado a Madrid, iba a ser deportado a Marruecos en un macrovuelo bajo orden del Ministerio de Interior el mismo día que se abría el plazo para realizar el proceso de Regularización Extraordinaria.
Escribimos estas líneas para, por una parte, celebrar que únicamente gracias a la difusión y presión colectiva por parte de compañeres como la Campaña de CIEsNo Valencia y otras realidades antirracistas, se ha parado la deportación de Oussama. A su vez, queremos denunciar la impunidad con la que operan los poderes institucionales y lo poco que respetan las propias pautas que ellos mismos establecen. Si no se hubiera denunciado y presionado públicamente que la expulsión del joven era totalmente ilegítima (desde una óptica “burocrática”, ya que todas las deportaciones son en si mismas atroces), lo más probable es que hoy esta persona estuviera en Marruecos.
Queremos recordar que la mera existencia del mecanismo de deportación es una herramienta de disciplinamiento y terror y que debemos organizarnos para acabar con ella. El caso de Oussama no es una excepción, refleja y replica un modus operandi característico del racismo de nuestra sociedad.
NINGUNA PERSONA ES ILEGAL, NINGÚN ENCIERRO ES JUSTO
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