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Para realizar este apartado nos hemos basado en el libro Paremos los vuelos. Las deportaciones de migrantes y el boicot a Air Europa (Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, 2014), un trabajo de investigación y análisis que realizaron varies compañeres con el fin de visibilizar y denunciar el complejo y perverso entramado que hay detrás de las deportaciones. Si bien es cierto que han pasado más de diez años desde que se escribió, el modus operandi de la maquinaria racista de deportación descrito en el libro se mantiene más bien intacto. Es por ello que lo usaremos como referencia principal para escribir este apartado, usando sin embargo datos y estadísticas actuales. Pese a todo, os invitamos a leer el documento original, ya que ofrece una mirada muy clara y crítica -además de mucho más amplia y completa de lo que desarrollaremos aquí- al realmente complejo sistema racista y clasista que se esconde detrás de la lógica de las deportaciones.
Podemos nombrar las deportaciones como la punta del iceberg de la violencia institucional que ejercen los estados (a parte, claro está, de los asesinatos en zonas fronterizas, CIEs, calabozos, etc, por acción o/y omisión de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado) hacia las personas migrantes.
Como explican en el libro, su mera existencia se convierte en una amenaza constante para todas las personas en situación irregular y para muchas más que puedan caer en la irregularidad sobrevenida, bien por no tener un contrato que les permita ascender por la cadena de renovaciones, bien por tener algún antecedente penal que se convierta en justificación de su permiso de residencia
Es una práctica atroz de control y de claro carácter ejemplarizante hacia las poblaciones migrantes, a través del miedo y la vulnerabilidad.
LA PLANIFICACIÓN DE LOS VUELOS
Los vuelos de deportación son un mecanismo represivo tremendamente sofisticado debido a la cantidad de personas, entes y recursos que se movilizan para su realización. Como explican les compañeres de la Campaña por el cierre de los CIEs, estos vuelos son planificados por FRONTEX -en caso de que comprometan a varios países de la UE en las expulsiones- o directamente por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Para fletar un avión de deportación hay que acordar con el país o países de destino la llegada del vuelo, informar y obtener permisos para circular por el espacio aéreo de los países por los que transita el avión, avisar a la compañía aérea de que va a fletar el avión con ocho días de antelación en caso de vuelos internacionales -señalando ya una cifra de personas deportadas, aunque sea revisable- y con 48 horas en caso de vuelos dentro del Estado Español; organizar la amplia escolta policial, que en ocasiones sobrepasa sobradamente el centenar de uniformados; planificar traslados desde CIEs, calabozos y cárceles a la ciudad de origen del vuelo (normalmente Madrid) en el día señalado -o en los días previos si se interna a las personas a deportar en Aluche-, acordar con los consulados correspondientes que visiten el CIE para firmar salvoconductos para las personas que no estén documentadas (que no tengan pasaporte) y, lo más importante, garantizar que exista una carga humana deportable que llene las plazas del avión.
Para que esto último suceda, la práctica más común son las redadas racistas. Cada año, se hacen cientos de miles de identificaciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana. En ocasiones estas identificaciones dan lugar a un traslado en comisaría, y esto va acompañado en numerosas veces de la incoación de un expediente de expulsión o de una multa. Esto supone que las personas sancionadas pasan a formar parte de un registro estadístico que recoge entonces que estas sujetos tienen un «antecedente policial», siendo este, junto a los antecedentes judiciales, uno de los motivos que impulsan la propuesta de expulsión.
Dichas redadas se intensifican en función del calendario de los vuelos: en el Pliego de prescripciones técnicas que rigen los vuelos de deportación se especifica que «la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en este período de tiempo, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas […] sin perjuicio de la anterior previsión, para cada uno de los vuelos que sea necesario realizar, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras cursará una orden de ejecución de vuelos al responsable operativo del contrato designado por la empresa adjudicataria. Esta orden deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas para vuelos nacionales y de ocho días naturales para los vuelos internacionales, a la fecha en la que deba realizarse el vuelo».
Es decir, el Ministerio de interior determina los detalles del vuelo (destino de este y número de personas que deportará) y ordena a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que cuantifique cuántas personas con dicho perfil pueden ser deportados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo, dicha Comisaría General da la orden al resto de comisarías del Estado a detener, ya no a un grupo de inmigrantes “en general”, sino a aquellas que puedan ser de la nacionalidad del destino del vuelo programado.
Cuando se acerca la fecha de la deportación, los dispositivos policiales racistas se intensifican para cumplir con la orden emitida por el Ministerio de Interior: las brigadas policiales de información pueden hacer inventario de lugares de reunión y tipos de nacionalidades en determinados espacios públicos, se hacen visitas a domicilios de quienes cumplen los requisitos para ser deportadas, se generan llamadas desde la Brigada de Extranjería con motivos falsos para que ciertas personas se presenten en comisaría o en las oficinas de Extranjería… Y si todo esto no es suficiente, las redadas pueden desplazarse desde las estaciones de trenes y autobuses a, directamente, la puerta de las asociaciones de los recursos sociales, como es el caso de Oviedo, donde se han realizado redadas junto a las Oficinas del Padrón Municipal. En Valencia, los controles y detenciones se producen en la Comisaría de Zapadores, cuando personas en situación irregular acuden a la entrevista policial previa a los matrimonios, en la puerta de Cáritas, en Valencia Acull, en las inmediaciones del Centro Cultural Islámico…
Los datos de Eurostat indican que en el año 2025, 41.315 personas fueron deportadas desde el estado español y, según les compañeres de la campaña de Stopdeportaciones, se fletaron 134 vuelos de deportación, exclusivamente dedicados a estas expulsiones colectivas.
EL NEGOCIO DE LOS VUELOS
Para que se lleven a cabo dichos vuelos hace falta la participación de al menos dos actores imprescindibles, que son los que accionan la compleja y sofisticada maquinaria de la deportación: el primero es, como ya hemos dicho, los gobiernos de los países de origen de las personas expulsadas -y sus embajadas y consulados en el territorio en cuestión-. El segundo son las aerolíneas.
Como explican en el blog de Stopdeportacion, en el caso del Estado Español, “durante años estas deportaciones se llevaron a cabo a través de diversas compañías aéreas. Desde el año 2013 hasta el 2016, el Ministerio del Interior firmó contratos monopolísticos con dos compañías, Swift Air y Air Europa, por los que éstas recibieron, hasta 2016, unos 36 millones de euros por el sucio negocio de las deportaciones.
El pasado 17 de noviembre de 2017 el Ministerio de Interior firmó un contrato por valor de 11,8 millones de euros con la unión temporal de empresas (UTE) formada por dos aerolíneas propiedad de Viajes Barceló (Evelop Airlines y Orbest) juntamente con Air Nostrum (franquicia de Iberia).
En 2024, Iberojet (aerolínea de Ávoris/Barceló Viajes) y Air Nostrum renovaron su contrato para operar los vuelos macro de deportación fletados por el Ministerio de Interior hasta marzo de 2026, con un contrato de 14.8 millones de euros, (incrementable a 16,3M). Air Nostrum deporta regularmente a Marruecos y conecta deportaciones via Francia, Austria o Alemania a Nigeria, Ghana, Albania y otros destinos africanos y asiáticos. Por otra parte, Iberojet deporta regularmente a países de América del sur (Colombia, República Dominicana, Perú…), Albania y Georgia. Dispone de contratos adicionales con Alemania y Reino Unido, siendo una de las aerolíneas que más deporta desde ese país. El presupuesto inicial solicitado por la UTE Barceló Viajes y Air Nostrum (sin costes añadidos, como el del personal de la Policía Nacional u otras organizaciones que participan) fue de entre 7030€/h a 17160€/h dependiendo de la capacidad en plazas de los aviones.
