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El territorio del estado español es un lugar geográficamente relevante. Es necesario remarcar que aquí se produce muchísima violencia en términos migratorios. Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la UE con África, mientras que las Islas Canarias representan el principal punto de la ruta atlántica hacia Europa, además de toda la costa mediterránea. Esto quiere decir que tenemos una gran responsabilidad en términos de hacernos cargo de esta situación y plantearlo como lugares muy importantes de organización y respuesta política.
FRONTERA ESPAÑOLA
Se ha intentado estandarizar la vigilancia, detección y gestión de la migración, por ejemplo, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Sin embargo, su aplicación es diferente en la península, Ceuta y Melilla o las Islas Canarias, lo que pone de manifiesto las disparidades en la digitalización de las fronteras. Las particularidades geográficas y demográficas de esta frontera brindan una oportunidad única para analizar la aplicación de estrategias controvertidas, como la externalización de fronteras, que están llevando a cabo España, la UE y Marruecos para disuadir la migración, y que en varios casos evidencian violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Esta externalización de fronteras y el uso de tecnología para detectar y expulsar a los migrantes de manera “eficiente”, a un ritmo sin precedentes, se lleva implementando desde la UE en esta última década. El gobierno español ha estado también invirtiendo de forma sistemática en tecnologías de vigilancia fronteriza. La implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías, tanto digitales como analógicas, avanza lentamente. Por ejemplo, se han instalado nuevos sistemas antiescalada en los muros de Ceuta y Melilla, y se han mejorado cámaras térmicas, drones con IA, iluminadores láser y herramientas biométricas para el reconocimiento facial y de huellas dactilares. La infraestructura sociotécnica de la frontera plantea graves preocupaciones en materia de derechos humanos. La restricción del derecho de asilo, la criminalización de la migración, la violencia institucional y la discriminación racial.
La utilización de elementos como vallas y zanjas en el lado marroquí, junto con cilindros anti-escalada en el lado español, ha demostrado ser peligrosa, si no mortal, para quienes intentan cruzar esta frontera. A esto se le suma la implementación de tecnologías digitales en la frontera sur, que están orientadas a agilizar los procesos burocráticos de reubicación y posibles devoluciones en caliente, siguiendo el modelo de otros países europeos. Estas tecnologías se presentan como una forma de lucrarse de la infraestructura fronteriza. Es fundamental analizar el uso de estas desde una perspectiva crítica que permita desmitificar el concepto de “fronteras inteligentes”. Como se menciona en el informe de Algorace, el sistema es eficaz, pero también fácil de sabotear. A su vez, aunque se esté digitalizando la estrategia, a día de hoy la gran mayoría de métodos utilizados son analógicos y los recursos muchas veces escasos.
Las condiciones a las que se enfrentan las personas en los CATE y CETI, junto con su internamiento en los CIE, representan uno de los aspectos más controvertidos de la política migratoria en el Estado español debido a la continua violación de sus derechos fundamentales.
La financiación para la nueva infraestructura fronteriza proviene principalmente de fuentes europeas y seguirá así en el futuro. El presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027 destina recursos a la cooperación policial, lo que permitirá la adquisición tanto de herramientas ya operativas en la frontera como de nuevas tecnologías que se implementarán pronto. Es importante destacar el papel esencial que juegan las empresas privadas y sus tecnologías en la externalización fronteriza. Estas compañías no solo colaboran con ONGs en iniciativas de ayuda humanitaria, sino que también participan activamente en la instalación de sistemas de vigilancia.
Cabe darle especial importancia al hecho de que España gasta muchísimo dinero público en tecnología de fronteras. Muchos de los contratos públicos se hacen bajo la Ley de Secretos Oficiales (Ley del año 69, con Franco aún en el poder), es decir, que son datos no públicos por ser confidenciales.
Marruecos es un actor clave en este entramado fronterizo. Las autoridades marroquíes desempeñan un papel estratégico en el control de la frontera. Este estado sigue siendo un punto de tránsito crucial para numerosas personas de diversos estados africanos y es un elemento central en la estrategia de externalización migratoria de la UE. Las personas devueltas a Marruecos desde el estado español bajo el Acuerdo de Control de Fronteras Exteriores y Migración son sometidas a un trato extremadamente violento. En muchos casos, son trasladados en autobús a diferentes ciudades del sur de Marruecos o a la frontera con Argelia, sin recibir asistencia médica y, en algunos casos, son internados en centros de detención informales. Estas prácticas de desplazamiento forzado, junto con las redadas policiales en asentamientos de migrantes, continúan con la complicidad de la UE y el Estado español. La “extraterritorialización” de las fronteras es una parte intrínseca de la política migratoria de la UE.
El 8 de mayo de 2025, el Gobierno de España, adjudica obras para abrir dos centros de detención de migrantes en Mauritania, en Nouadhibou y en Nouakchott. Estos centros están funcionando a día de hoy, con niñes dentro, privándoles de comida y de acceso al servicio, malos tratos, torturas,… abandonándoles en medio del desierto a los tres días.
Esto son cárceles para migrantes amparadas por España y Europa. La frontera española ya no está sólo en Ceuta, Melilla o Canarias, sino también en Mauritania y Senegal.